El consenso de los oligarcas.
John M. Ackerman.
Publicado en la
revista Proceso el 24 de marzo de 2013
La unificación bajo
un solo mando de las diversas expresiones de la oligarquía mexicana y de la
clase política nacional no es motivo de celebración sino de preocupación. En
teoría la democracia representativa y el constitucionalismo moderno sirven para
controlar los excesos del poder económico y limitar los abusos del poder
público. Pero para funcionar en la práctica, se requiere de una sociedad diversa
y empoderada, con una variedad de intereses en conflicto.
Sin una vibrante
pluralidad política que constantemente cuestiona las decisiones de la autoridad
y llama a cuentas a los poderes fácticos, las instituciones rápidamente dejan
de defender el bien público y terminan por cuidar solamente los intereses de
los poderosos.
Es un grave error
confundir la "modernidad" con el consenso. Las sociedades modernas
son precisamente aquellas que fomentan el debate y permiten el florecimiento de
la más amplia diversidad de puntos de vista. La modernidad tampoco significa el
fin de las "ideologías". Al contrario, las sociedades avanzadas son
precisamente aquellas donde conviven todas las ideologías en absoluta igualdad
de condiciones.
Ian Shapiro,
destacado teórico de la Universidad de Yale, ha definido la democracia como
"un medio para manejar relaciones de poder con el fin de minimizar la
dominación". De acuerdo con esta definición, el sistema político en México
hoy se encontraría de cabeza.
Con la consolidación del Pacto por México como el
nuevo poder supremo de la nación, nuestras instituciones supuestamente
democráticas se habrían convertido en medios muy efectivos para "manejar
relaciones de poder" pero con el fin de maximizar, en lugar de minimizar,
la dominación.
Las reformas laboral,
educativa y de telecomunicaciones, así como la próxima reforma energética,
tienen el propósito de expandir las oportunidades de explotación para los
empresarios más poderosos del país, así como minimizar el control ciudadano. La
absoluta exclusión de la sociedad civil en el debate y la discusión de estas
modificaciones legales es el indicador más claro de su verdadero objetivo.
Los nuevos
gobernantes hacen esfuerzos olímpicos por recubrir este proyecto de dominación
con un discurso supuestamente tecnocrático. Manlio Fabio Beltrones ha señalado
que la reforma en materia de telecomunicaciones "no es para desahogar
agravios", sino únicamente para "servir a los mexicanos". Luis
Videgaray repite hasta el cansancio que habría que deshacerse de las
"ideologías" con respecto al petróleo y que el enfoque de la reforma
energética debe ser "pragmático".
Este discurso es
profundamente engañoso porque no hace más que esconder la clara ideología
neoliberal de sus promotores. El Financial Times, por ejemplo, ha señalado
abiertamente que el reto de Peña Nieto sería llenar el supuesto vacío de
liderazgo político en América Latina que deja la muerte de Hugo Chávez para
revivir el "Washington consensus".
El enfoque tecnocrático
también busca cancelar el debate público sobre los grandes temas nacionales y
desmovilizar a la sociedad. El propósito es alejar al ciudadano de la política
con el fin de dejar las decisiones fundamentales en manos de Peña Nieto y sus
amigos.
Estas estrategias son
típicas de lo que Sheldon Wblin, filósofo de la Universidad de Princeton, ha
llamado el "totalitarismo invertido" o "neototalitarismo".
Bajo el "totalitarismo clásico" de Hitler, Stalin y Mussolini se lograban
el control social, la uniformidad de criterios y el poder omnímodo del Estado
por medio de la movilización popular constante desde el gobierno bajo el
liderazgo carismático del jefe de Estado. Hoy, de acuerdo con Wblin, se
establece la misma manipulación y control por medio de la desmovilización y
desinterés ciudadano fomentado por los medios de comunicación privados.
Esta
apatía también se convierte en el perfecto caldo de cultivo para la captura
total del Estado por la oligarquía y las empresas monopólicas.
Urge revitalizar a la
democracia mexicana por medio de la construcción de nuevas instituciones y
organizaciones que puedan evitar la consolidación del neototalitarismo
neoliberal. Una propuesta interesante es la de John P. McCormick, politólogo de
la Universidad de Chicago, quien propone la recuperación del ejemplo histórico
de los concilium plebis de la antigua Roma. Estas instituciones de rendición de
cuentas intencionalmente excluían la participación de los ciudadanos más
poderosos y fungían como centros de control y denuncia sobre los abusos de las
élites políticas y económicas.
El Pacto por México
busca excluir a los disidentes y marginar a las voces críticas al tacharlas de
"radicales" e "irresponsables". En respuesta se debe
construir un fuerte contrapoder ciudadano que arrebate la palabra a los
políticos y consolide nuevos caminos para expresar el profundo espíritu
libertario del pueblo mexicano.
www.johnackerman.blogspot.com
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