¡EPN debe irse! La dictadura se volvió imperfecta
Víctor M. Toledo
El país hierve. Vive momentos de una creciente indignación, protesta e
insurgencia ciudadanas. El hartazgo de vivir en un “país salvaje”, ha comenzado
a expresarse de manera masiva. Del “estamos hasta la madre” se ha pasado al
“que todos se vayan”. Como ha sucedido en muchos otros países (Islandia,
Egipto, Túnez, Libia, Ecuador, Bolivia), en México la movilización de los
ciudadanos y la desobediencia civil de miles o millones realizando acciones
concertadas terminará exigiendo la salida no sólo del Presidente de la
República y su gobierno, sino de toda la clase política. Contra lo que las
mentes conservadoras, temerosas y timoratas sostienen, hoy es factible realizar
una revolución sin disparar un arma y/o sin acudir a las urnas, ahí donde la
vía electoral ha sido cancelada. Hoy, los medios modernos de comunicación y
transporte, junto a la libre difusión de conocimientos y análisis críticos,
facilitan las transformaciones por la vía de la ocupación y el control pacífico
de espacios, territorios, símbolos. Una nueva concepción de revolución sin
violencia parece emerger en el mundo moderno.
La situación de México ha llegado a su límite y los mexicanos han
(hemos) dicho ¡basta! La percepción de un país devastado y secuestrado por una
minoría de políticos, empresarios y criminales en complicidad se extiende y
multiplica por todos los sectores y regiones de la nación. La propaganda
política, mercantil e ideológica que había logrado mantener anestesiados a los
mexicanos ha sido insuficiente y el sistema (hoy representado por el PRI y los
partidos de “oposición”) se ha obligado a utilizar la fuerza criminal del
Estado contra los ciudadanos. La dictadura se tornó imperfecta.
Las masacres de
Ayotzinapa y Tlatlaya, y sus conexiones con otros sucesos acaecidos en éste y el
sexenio anterior, le destapan a la mayoría adormecida y a la opinión
internacional, la cloaca en la que se encuentra el país. Y esos dos trágicos
escenarios no son sino iconos y expresiones de un contexto que se ha venido
construyendo desde al menos la última década. Son el producto tangible de la
corrupción que va y viene entre la clase política mexicana, un sector selecto
de empresas y corporaciones y el crimen organizado.
Por lo anterior habría que preguntarse no sólo ¿quiénes son los
culpables de estas masacres?, sino ¿quiénes son los responsables de los
escenarios que las permitieron e indujeron? La dolorosa tragedia de Ayotzinapa
se pudo evitar si el PRD no hubiera postulado a un gobernador corrupto y a un
empresario de reputación dudosa, cuya esposa y tres de sus hermanos, se sabía
desde 2009, estaban ligados al narco. Tampoco hubiera
ocurrido ese acto deleznable si los policías que mataron a los dos estudiantes
normalistas de Ayotzinapa en una protesta en Chilpancingo en 2012 hubieran sido
detenidos y juzgados. Los policías asesinos están libres con la complicidad de
todas las autoridades estatales y federales (PGR). ¿Por qué ni el PRD, ni el
gobernador de Guerrero, ni la PGR ni el Presidente de la República movieron un
dedo para castigar al alcalde de Iguala quien el 31 de mayo de 2013 mató, por
su propia mano, a Arturo Hernández-Cardona, dirigente de la Unidad Popular de
Iguala, y sus dos acompañantes? ¿Por qué el gobernador del estado de México
ensalzó emocionado en un discurso los “actos heroicos” de los soldados asesinos
de Tlatlaya?
No sólo los paisajes de Guerrero están tapizados de fosas; ello ocurre
en buena parte del país. No sólo en Guerrero hay o hubo narcogobernadores o funcionarios estatales corruptos,
también en Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Coahuila, Puebla, Jalisco, Veracruz
y Colima. Y lo más significativo: en el país la situación se agrava, no mejora.
EPN está obligado a renunciar no sólo por Ayotzinapa y Tlatlaya (lo que en
cualquier país democrático sería más que suficiente), sino porque en sus dos
años de gobierno no ha logrado detener la inseguridad, la injusticia y la
impunidad. Los datos duros son demoledores. En los dos primeros años de EPN, la
inseguridad ha aumentado en relación con lo ocurrido en tiempos de Calderón, en
homicidios violentos, secuestros, extorsiones y robos de autos. Las cifras son
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, oficiales: 13 mil 155
homicidios dolosos, 907 secuestros, 4 mil 869 extorsiones y 32 mil 462
denuncias de autos robados en 24 meses. El gobierno actual, y al menos los dos
anteriores, son responsables de que en México se haya hecho efectiva la popular
frase de “la vida no vale nada”. Según la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, en México se cometen al año unos 12 millones de delitos, de los cuales
no se denuncian 85 por ciento y sólo terminan en sentencia uno por ciento. De
acuerdo con la Envipe, encuesta sobre el tema que levanta el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, en 2013 la proporción de delitos impunes fue de 93.8
por ciento, ligeramente superior a los de 2010-2012 que fue de 92 por ciento.
Según esa fuente, en el mandato de EPN en 2013 se cometieron 33.1 millones de
delitos, que afectaron a 22.5 millones de personas y a 3.64 millones de
hogares, uno de cada tres que existen en el país. ¿Qué ciudadano del mundo
puede vivir en esas circunstancias?
Esta realidad brutal ha sido expuesta a escala internacional. En una
entrevista en Washington, DC, el director para América de Human Rigths Watch,
hace en cuatro minutos una devastadora acusación sobre EPN y la gravísima
situación que vive México (video: México está en crisis de derechos
humanos: HRW). A ello habría que agregar la selectiva, pero
permanente represión que el gobierno de EPN realiza sobre líderes sociales,
indígenas y ambientalistas en Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero,
Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Michoacán. Mientras, las comunidades del campo y las
ciudades siguen tomando las armas, no para desafiar al gobierno, sino simple y
llanamente para defenderse y sobrevivir.
México es ya una sociedad sin mecanismos de autocontención, sin justicia
ni normas que le hagan una nación civilizada, y el gobierno de EPN ha fracasado
e incluso ha abonado para agravar la situación.
EPN debe renunciar porque el
país se ha convertido en un monumento a la impunidad. Debe dejar un puesto al
que llegó de manera ilegítima, mediante la compra masiva de votos y recibiendo
enormes sumas en transacciones sospechosas.
Y en fin, debe renunciar porque
mientras el país se desangra, sufre, se indigna y se incendia, el señor
Presidente observa desde los cielos, por la ventanilla de un avión de 7 mil 500
millones de pesos, y sueña con ocupar una casa de 7 millones de dólares que
cambia mágicamente el color de sus luces. La Jornada, 11 de Noviembre de 2014.
